La familia Solimán, se trasladó desde la provincia la Altagracia hasta Santo Domingo, para pedirle a la procuradora general de la República investigar al abogado del Estado, Elvin Suárez, por supuestamente perjudicarlos con un sentencia que los despoja de sus títulos de propiedad.
Denunciaron que las autoridades no han actuado con la presteza necesaria y pidieron demandar una investigación de un supuesto desalojo forzoso de parte del grupo Cap. Cana y el abogado del Estado.