Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitó la imposición de prisión preventiva contra los 16 arrestados en la operación Cattleya, en la que se rescató a 80 mujeres extranjeras víctimas de una red de explotación sexual.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo sobre la instancia, dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que se solicita que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados por trata de personas.
Se trata de José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio, José Alberto Soriano (alias Cirujano), Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González, María Paula Murillo, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski (o Timothy William Case Renee).
Asimismo, Robert Lee Eleuterio Paniagua, Angélica Jhoana Quintero, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano y Braulio Manuel Lugo.
El caso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los que el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una investigación iniciada hace nueve meses para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, eran sometidas a explotación sexual, ofreciendo sus servicios por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal, señala un comunicado de la PGR.
La estructura imponía a la mujeres explotadas una deuda interminable por su traslado a República Dominicana, así como por hospedaje y su alimentación diaria, y las obligaban a consumir sustancias controladas por las que incrementaban la deuda que les obligaban a pagar con la promesa de dejarlas en libertad, detalla la instancia.
Una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de la red, que las albergaba en el residencial Coco Real de Bávaro y en el Hotel Caribe de Santo Domingo, las ofrecían y entregaban a clientes que demandaban servicios sexuales, apunta el documento.
La organización llevaba a cabo la captación, traslado, acogida y recepción de mujeres recurriendo al fraude y el engaño, y abusando de sus condiciones de vulnerabilidad con el único propósito de explotarlas sexualmente.
La organización criminal ofrecía a las víctimas viajar a República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de Bávaro, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos, logrando así captar el interés de las víctimas.
Para su traslado a la República Dominicana, la red cubría los gastos de pasaje aéreo, emisión de pasaportes (en caso de ser necesario), sumando su costo a la deuda que las víctimas debían comprometerse a pagar una vez estuvieran en el país, sin determinar el monto al que ascendería la deuda.
El Ministerio Público indicó que en este caso se debe imponer una medida de coerción que evite los actos tendentes a la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos y la destrucción de pruebas, lo cual «solo puede ser garantizado con la medida de prisión preventiva».
La institución destacó que cuenta con suficientes evidencias que vinculan a los imputados a la referida actividad criminal.
